1. Lo que sucedió
En 2008 Alan García, aprovechando facultades extraordinarias concedidas por el Congreso para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, dio 101 decretos. La población indígena de la Amazonía consideró lesivos 12 de ellos, pues creaban las condiciones para despojarlos del acceso a los bosques, a las tierras y al agua; además, no se consideraban las previsiones suficientes para evitar que las actividades extractivas dañaran el medio ambiente.
En tales circunstancias, la Asociación Inter Étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la organización que agrupa a 65 de sus federaciones, que representan a 1.500 comunidades, buscó el diálogo con el gobierno. Al no obtener respuesta, realizaron un primer paro en agosto del 2008, lo que trajo como resultado la derogación de dos de los decretos y el compromiso del Congreso de estudiar los restantes mediante una comisión multipartidaria.
La Comisión del Congreso determinó que los indígenas tenían razón y que los decretos colisionaban con la Constitución, y recomendó su derogatoria. Pero como los apristas tenían el control del Parlamento, demoraron la referida derogatoria. Por eso, el 9 de abril del 2009, luego de 7 meses de espera paciente, se produjo un segundo paro amazónico, acatado en toda la Amazonía por el conjunto de etnias indígenas. El gobierno, con la ayuda de los medios de comunicación (que invisibilizaron la protesta), buscó un triunfo por cansancio. Pero la buena organización indígena (demostró una capacidad de articulación y movilización ordenada pocas veces vista en el país) permitió mantener la medida por cerca de 55 días. Sigue leyendo
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