Bagua: Cuatro años después, la herida sigue abierta

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REVISTA IDEELE-

1. Lo que sucedió
En 2008 Alan García, aprovechando facultades extraordinarias concedidas por el Congreso para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, dio 101 decretos. La población indígena de la Amazonía consideró lesivos 12 de ellos, pues creaban las condiciones para despojarlos del acceso a los bosques, a las tierras y al agua; además, no se consideraban las previsiones suficientes para evitar que las actividades extractivas dañaran el medio ambiente.

En tales circunstancias, la Asociación Inter Étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la organización que agrupa a 65 de sus federaciones, que representan a 1.500 comunidades, buscó el diálogo con el gobierno. Al no obtener respuesta, realizaron un primer paro en agosto del 2008, lo que trajo como resultado la derogación de dos de los decretos y el compromiso del Congreso de estudiar los restantes mediante una comisión multipartidaria.

La Comisión del Congreso determinó que los indígenas tenían razón y que los decretos colisionaban con la Constitución, y recomendó su derogatoria. Pero como los apristas tenían el control del Parlamento, demoraron la referida derogatoria. Por eso, el 9 de abril del 2009, luego de 7 meses de espera paciente, se produjo un segundo paro amazónico, acatado en toda la Amazonía por el conjunto de etnias indígenas. El gobierno, con la ayuda de los medios de comunicación (que invisibilizaron la protesta), buscó un triunfo por cansancio. Pero la buena organización indígena (demostró una capacidad de articulación y movilización ordenada pocas veces vista en el país) permitió mantener la medida por cerca de 55 días. Sigue leyendo

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Bagua: Sin pies ni cabeza

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Sin pruebas contundentes —ni siquiera idóneas—, la Fiscalía Superior de Bagua ha pedido cadena perpetua para algunos de los dirigentes nacionales que apoyaron la protesta indígena en Bagua hace casi cuatro años. Estamos ante una desproporción de marca mayor, un retroceso en el sistema de justicia. ¿Y así pretenden que los pueblos indígenas crean en él?

Durante el régimen de Alan García Pérez se suscribieron varios decretos legislativos en atención a la delegación de facultades que le otorgó el Congreso de la República con la finalidad de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América. Estas normas no solo vulneraban el derecho a la consulta y la libre determinación de los pueblos indígenas, sino también el derecho a la tierra y al territorio, a la identidad, al uso de los recursos naturales y al desarrollo. A través de movilizaciones y un paro contundente realizado por las comunidades indígenas en agosto del 2008, se logró que el Congreso derogara algunos decretos.

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