Bagua: Cuatro años después, la herida sigue abierta

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REVISTA IDEELE-

1. Lo que sucedió
En 2008 Alan García, aprovechando facultades extraordinarias concedidas por el Congreso para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, dio 101 decretos. La población indígena de la Amazonía consideró lesivos 12 de ellos, pues creaban las condiciones para despojarlos del acceso a los bosques, a las tierras y al agua; además, no se consideraban las previsiones suficientes para evitar que las actividades extractivas dañaran el medio ambiente.

En tales circunstancias, la Asociación Inter Étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la organización que agrupa a 65 de sus federaciones, que representan a 1.500 comunidades, buscó el diálogo con el gobierno. Al no obtener respuesta, realizaron un primer paro en agosto del 2008, lo que trajo como resultado la derogación de dos de los decretos y el compromiso del Congreso de estudiar los restantes mediante una comisión multipartidaria.

La Comisión del Congreso determinó que los indígenas tenían razón y que los decretos colisionaban con la Constitución, y recomendó su derogatoria. Pero como los apristas tenían el control del Parlamento, demoraron la referida derogatoria. Por eso, el 9 de abril del 2009, luego de 7 meses de espera paciente, se produjo un segundo paro amazónico, acatado en toda la Amazonía por el conjunto de etnias indígenas. El gobierno, con la ayuda de los medios de comunicación (que invisibilizaron la protesta), buscó un triunfo por cansancio. Pero la buena organización indígena (demostró una capacidad de articulación y movilización ordenada pocas veces vista en el país) permitió mantener la medida por cerca de 55 días. Sigue leyendo

El Baguazo y sus procesos

Antes de empezar a analizar las consecuencias del brutal desalojo de los manifestantes en la zona denominada “la curva del diablo” y sus consecuencias, partimos por declarar que condenamos todo acto de violencia que tenga como fin la lesión o puesta en peligro de la vida humana o su extinción por mano ajena. Estimamos que corresponde al Ministerio Público cumplir con su labor de persecución penal, lograr identificar plenamente a los presuntos autores y con pruebas indubitables llevar a juicio a los verdaderos responsables de las muertes y lesiones de los efectivos policiales.

¿Porqué protestaban los indígenas?
Durante el régimen del ex Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez se suscribieron varios decretos legislativos en atención a la delegación de facultades que le otorgó el Congreso de la República con la finalidad de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norte América.

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Recordemos

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El 4 de junio del 2009 se dio la tercera postergación del debate de derogación del Decreto 1090 en el Pleno del Congreso, al que el pueblo awajun se oponía y que motivó las masivas protestas en Bagua y Condorcanqui.

El 5 de junio se cumplen cuatro años del tristemente célebre “Baguazo” que remeció al país, y que dejó muy mal parado al gobierno aprista.

Hubo dos enfrentamientos. Uno en La Curva del Diablo donde murieron 33 personas, entre indígenas y policías. Otro en la Sub Estación 6 de Petro Perú, cerca a Imacita, donde murieron 11 policías.

El gobierno quiso limpiarse a como diera lugar. Formó una Comisión investigadora de los sucesos de Bagua, cuyos integrantes fueron: el dirigente awajun Jesús Manacés, la religiosa Mari Carmen Gómez Calleja, la doctora Pilar Mazzetti, la asesora presidencial Susana Pinilla, el consultor Manuel Bernales, el padre Ricardo Álvarez y el abogado Walter Gutiérrez, quien brilló por su ausencia.

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