El probable juicio oral por “La Curva del Diablo”

Los manifestantes y el rol de los líderes indígenas:

Durante el paro amazónico, los líderes awajún-wampís de las diferentes cuencas de las comunidades indígenas coordinaban con sus pares de AIDESEP en Lima con la finalidad de lograr la derogación de diversos decretos legislativos lesivos a sus intereses.

El rol de los líderes indígenas fue el de coordinar las acciones de protesta social, no de instigar o dar órdenes y/o directivas para cometer actos delictivos. Esto se demuestra en el hecho que hasta antes del 05 de junio no existió un solo ataque contra efectivos policiales, menos se realizaron acciones vandálicas contra los bienes del Estado.

¿Qué se realizó durante la etapa de la Instrucción?
Tiene especial importancia determinar si durante la etapa de la instrucción, el juez de la causa, en un caso tan complejo- no solo por la pluralidad de procesados y agraviados, sino por cantidad de medios de pruebas por actuar o recabar-, si se pudieron acopiar la mayor cantidad de elementos y medios de pruebas que nos permitan determinar llevar a juicio oral a los investigados.

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Bagua: Sin pies ni cabeza

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Sin pruebas contundentes —ni siquiera idóneas—, la Fiscalía Superior de Bagua ha pedido cadena perpetua para algunos de los dirigentes nacionales que apoyaron la protesta indígena en Bagua hace casi cuatro años. Estamos ante una desproporción de marca mayor, un retroceso en el sistema de justicia. ¿Y así pretenden que los pueblos indígenas crean en él?

Durante el régimen de Alan García Pérez se suscribieron varios decretos legislativos en atención a la delegación de facultades que le otorgó el Congreso de la República con la finalidad de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América. Estas normas no solo vulneraban el derecho a la consulta y la libre determinación de los pueblos indígenas, sino también el derecho a la tierra y al territorio, a la identidad, al uso de los recursos naturales y al desarrollo. A través de movilizaciones y un paro contundente realizado por las comunidades indígenas en agosto del 2008, se logró que el Congreso derogara algunos decretos.

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