Bagua: Sin pies ni cabeza

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Sin pruebas contundentes —ni siquiera idóneas—, la Fiscalía Superior de Bagua ha pedido cadena perpetua para algunos de los dirigentes nacionales que apoyaron la protesta indígena en Bagua hace casi cuatro años. Estamos ante una desproporción de marca mayor, un retroceso en el sistema de justicia. ¿Y así pretenden que los pueblos indígenas crean en él?

Durante el régimen de Alan García Pérez se suscribieron varios decretos legislativos en atención a la delegación de facultades que le otorgó el Congreso de la República con la finalidad de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América. Estas normas no solo vulneraban el derecho a la consulta y la libre determinación de los pueblos indígenas, sino también el derecho a la tierra y al territorio, a la identidad, al uso de los recursos naturales y al desarrollo. A través de movilizaciones y un paro contundente realizado por las comunidades indígenas en agosto del 2008, se logró que el Congreso derogara algunos decretos.

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Recordemos

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El 4 de junio del 2009 se dio la tercera postergación del debate de derogación del Decreto 1090 en el Pleno del Congreso, al que el pueblo awajun se oponía y que motivó las masivas protestas en Bagua y Condorcanqui.

El 5 de junio se cumplen cuatro años del tristemente célebre “Baguazo” que remeció al país, y que dejó muy mal parado al gobierno aprista.

Hubo dos enfrentamientos. Uno en La Curva del Diablo donde murieron 33 personas, entre indígenas y policías. Otro en la Sub Estación 6 de Petro Perú, cerca a Imacita, donde murieron 11 policías.

El gobierno quiso limpiarse a como diera lugar. Formó una Comisión investigadora de los sucesos de Bagua, cuyos integrantes fueron: el dirigente awajun Jesús Manacés, la religiosa Mari Carmen Gómez Calleja, la doctora Pilar Mazzetti, la asesora presidencial Susana Pinilla, el consultor Manuel Bernales, el padre Ricardo Álvarez y el abogado Walter Gutiérrez, quien brilló por su ausencia.

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