Bagua: Cuatro años después, la herida sigue abierta

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REVISTA IDEELE-

1. Lo que sucedió
En 2008 Alan García, aprovechando facultades extraordinarias concedidas por el Congreso para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, dio 101 decretos. La población indígena de la Amazonía consideró lesivos 12 de ellos, pues creaban las condiciones para despojarlos del acceso a los bosques, a las tierras y al agua; además, no se consideraban las previsiones suficientes para evitar que las actividades extractivas dañaran el medio ambiente.

En tales circunstancias, la Asociación Inter Étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la organización que agrupa a 65 de sus federaciones, que representan a 1.500 comunidades, buscó el diálogo con el gobierno. Al no obtener respuesta, realizaron un primer paro en agosto del 2008, lo que trajo como resultado la derogación de dos de los decretos y el compromiso del Congreso de estudiar los restantes mediante una comisión multipartidaria.

La Comisión del Congreso determinó que los indígenas tenían razón y que los decretos colisionaban con la Constitución, y recomendó su derogatoria. Pero como los apristas tenían el control del Parlamento, demoraron la referida derogatoria. Por eso, el 9 de abril del 2009, luego de 7 meses de espera paciente, se produjo un segundo paro amazónico, acatado en toda la Amazonía por el conjunto de etnias indígenas. El gobierno, con la ayuda de los medios de comunicación (que invisibilizaron la protesta), buscó un triunfo por cansancio. Pero la buena organización indígena (demostró una capacidad de articulación y movilización ordenada pocas veces vista en el país) permitió mantener la medida por cerca de 55 días.

Finalmente, cuando el Congreso derogó dos decretos más, los indígenas decidieron levantar la medida provisionalmente y anunciaron que lo harían a las 10 de la mañana del 5 de junio. Así las cosas, el gobierno, a pesar de que estaba enterado de tal anuncio, ordenó el desalojo violento a las 5 de la mañana del mismo día. Su objetivo era escarmentar a quienes Alan García había llamado “ciudadanos de segunda” días antes. Como resultado de los enfrentamientos en la llamada “Curva del Diablo” fallecieron 11 policías, 4 indígenas y 4 mestizos, y fue dado por desaparecido el mayor Felipe Bazán.

La arremetida policial motivó la protesta de las poblaciones de Jaén, Bagua y Utcubamba, y en esos disturbios fallecieron dos personas más. Los heridos —muchos de ellos de bala— también fueron numerosos (más de 200). Por otro lado, cuando se enteraron del violento operativo contra sus hermanos indígenas presentes en la Estación 6 de PetroPerú (Imacita), ese mismo día (cerca de las 3 p.m.) asesinaron a mansalva a 12 policías que estaban desarmados. Una fatal descoordinación entre el Ejército y la Policía impidió evacuarlos a tiempo. Como se dijo en esa oportunidad, “ninguna defensa de derechos autoriza quitar la vida a nadie”.

Los hechos provocaron la condena nacional e internacional al régimen aprista, al que se acusó de una pésima conducción del conflicto, y así se generó una masiva solidaridad con los indígenas de parte de universidades, gremios, gobiernos regionales, colegios profesionales, ONG (nacionales e internacionales) y otras organizaciones de la sociedad civil. Todos respaldaron los justos reclamos indígenas y criticaron el proceder gubernamental, sobre todo por haber generado un verdadero escenario de guerra, de lo que dieron fe en ese entonces los medios de comunicación de la zona y el personal de los hospitales de Bagua y Utcubamba.

Nunca se había visto en el país tanto reconocimiento de la población amazónica por sectores tan diversos. Una encuesta nacional de Ipsos-Apoyo señaló que el 92% de la población apoyaba a los indígenas. Esto obligó al gobierno a parar la represión y establecer cuatro mesas de diálogo: una para investigar lo sucedido en el desde entonces llamado “Baguazo” (Mesa 1); otra para ver los decretos pendientes de derogatoria: 994, 1020, 1080, 1089, 1081, 1083, 1060 y 995 (Mesa 2); la tercera para evaluar la implementación de la consulta previa; y la cuarta para trabajar una Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico.

2. La responsabilidad por lo que sucedió
El Congreso nombró una comisión investigadora que produjo cuatro informes, y la Mesa 1 elaboró otros dos. Los seis informes coincidieron en que a la base de lo sucedido estaba la gran deuda que tiene el Perú con las poblaciones indígenas amazónicas, secularmente dejadas de lado y cuyos derechos pocas veces han sido tomados en cuenta. Y también coincidieron en que el operativo policial de desalojo fue mal ejecutado. Además, salvo el informe del APRA, todos encontraron responsabilidad política por lo sucedido en Mercedes Cabanillas, entonces ministra del Interior.

Cuatro de los informes (Manacés-Gómez, Lombardi, Isla y el de mayoría del Congreso) daban la razón a los indígenas en lo que concernía a su demanda de derogatoria de los decretos dados por el gobierno, no solo por haber excedido las facultades que le concedió el Congreso al Ejecutivo, sino, además, porque no tenían en cuenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Consulta Previa. Estos cuatro informes también reconocían que los indígenas mantuvieron una actitud sobre todo dialogante.

Sin embargo, desconociendo lo recién señalado, el gobierno aprista se empeñó en perseguir judicialmente a los dirigentes indígenas, al punto que hoy cerca de 100 de ellos están afrontando juicios relacionados con el “Baguazo”. Tres permanecen injustamente encarcelados (Danny López Shawit, Feliciano Cahuasa Rolin y Asterio Pujupat Wachapea), a pesar de haberse cumplido el plazo legal para que sean juzgados.

Extraña mucho que el Partido Nacionalista, que mostró en el “Baguazo” su solidaridad con los reclamos indígenas, hoy los haya olvidado. Es importante recordar que fueron los indígenas los agredidos, incluso con armas de guerra, a sabiendas de que ellos solo tenían lanzas. Los indígenas hablan de que fueron “rodeados”, “barridos”, “perseguidos como animales” y de que “solo les quedó defenderse”.1

Por eso coincidimos con monseñor Santiago García de la Rasilla cuando afirma:

No puede ser que los únicos culpables se encuentren entre los indígenas y que las autoridades del gobierno y de la Policía de entonces hayan quedado limpios de polvo y paja o a lo más con una sanción administrativa. No puede ser que los únicos todavía “encarcelados”, aunque se diga que dos de ellos están con arresto domiciliario, sean tres indígenas a quienes no les han probado los delitos de los que les acusan. No puede ser que se pida cadena perpetua o condenas gravísimas para quienes, según todos los testigos, su único delito fue reclamar unos derechos y luego tratar de impedir que se derramara sangre inocente en ambos bandos.2

3. Las consecuencias para el país
El “Baguazo” permitió algunos avances:

1. Una mayor presencia de la problemática amazónica en la agenda nacional, lo que ayudó a que el Congreso aprobara por unanimidad, posteriormente, la Ley de Consulta Previa, y a que el hoy presidente Ollanta Humala la promulgara en septiembre del 2012.

2. La protesta permitió visibilizar a los pueblos indígenas y cambiar la percepción y actitud del resto de la población hacia ellos. Antes había una fuerte discriminación, fruto del desconocimiento de sus condiciones de vida, costumbres, cultura, etcétera El “Baguazo” despertó un genuino interés por conocer y entender a la población amazónica: cómo son, cómo piensan, cómo viven, su arte, etcétera. Se fue abriendo paso la solidaridad y el reconocimiento hacia ellos.

3. También hizo posible abrir la discusión sobre el modelo de desarrollo, pues promovió la confrontación de diversas cosmovisiones al respecto.

Pero también originó:

4. Que el gobierno aprista buscara dividir o destruir su organización: desde entonces, AIDESEP y muchas organizaciones sectoriales indígenas han sido debilitadas.

Coincidimos con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuando señala que:

[…] las causas que llevaron al estallido del conflicto siguen vigentes […]. Consideramos que mientras el Estado no realice una reforma interna que permita la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan, no podremos cerrar la herida abierta de Bagua y se mantendrá un orden de cosas injusto, excluyente y marginador de un importante sector de la población peruana.3

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De la Jara, Ernesto. “Cuando la ineptitud, irresponsabilidad e insensibilidad matan”. ideele número 194, julio del 2009, p. 67.
2 “A mi gente del Vicariato, en el cuarto aniversario de lo sucedido en la Estación 6 y la Curva del Diablo”.
3Comunicado del 4 de junio del 2013. El Grupo de Trabajo está conformado por APRODEH, CAAAP, CEDAL, CooperAcción, CEAS, DAR.FSP, FEDEPAZ, IDL, IBC, SER y SERVINDI.

* Este artículo fue publicado en la Revista Ideele

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