Bagua: Cuatro años después, la herida sigue abierta

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REVISTA IDEELE-

1. Lo que sucedió
En 2008 Alan García, aprovechando facultades extraordinarias concedidas por el Congreso para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, dio 101 decretos. La población indígena de la Amazonía consideró lesivos 12 de ellos, pues creaban las condiciones para despojarlos del acceso a los bosques, a las tierras y al agua; además, no se consideraban las previsiones suficientes para evitar que las actividades extractivas dañaran el medio ambiente.

En tales circunstancias, la Asociación Inter Étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la organización que agrupa a 65 de sus federaciones, que representan a 1.500 comunidades, buscó el diálogo con el gobierno. Al no obtener respuesta, realizaron un primer paro en agosto del 2008, lo que trajo como resultado la derogación de dos de los decretos y el compromiso del Congreso de estudiar los restantes mediante una comisión multipartidaria.

La Comisión del Congreso determinó que los indígenas tenían razón y que los decretos colisionaban con la Constitución, y recomendó su derogatoria. Pero como los apristas tenían el control del Parlamento, demoraron la referida derogatoria. Por eso, el 9 de abril del 2009, luego de 7 meses de espera paciente, se produjo un segundo paro amazónico, acatado en toda la Amazonía por el conjunto de etnias indígenas. El gobierno, con la ayuda de los medios de comunicación (que invisibilizaron la protesta), buscó un triunfo por cansancio. Pero la buena organización indígena (demostró una capacidad de articulación y movilización ordenada pocas veces vista en el país) permitió mantener la medida por cerca de 55 días. Sigue leyendo

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Saludan que caso “La Curva del diablo” se vea en Bagua y no en Lima

Fermin

Ideeleradio.- Es un buen paso que la Sala Penal Nacional haya decidido devolver el expediente conocido como “La Curva del diablo” a la Sala de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua para que ese caso se ventile en ese distrito judicial y no en Lima, opinó el padre Fermín Rodríguez Campoamor.

Fue al comentar la decisión tomada por el colegiado ‘C’ mediante la resolución de fecha 15 de mayo del 2013, que señala que fija a esa instancia de Bagua como competente para este caso.

“Un pleito de competencias podría haber alargado el caso. Y ese es un buen paso y [vamos] a ver como desmontan este tinglado y como justifican lo injustificable. […] Ojalá sea así [que la Sala Penal se haya declarado incompetente para el caso y que el tema se vea en Bagua]”, manifestó en el programa No Hay Derecho desde Jaén a través de Radio Marañón.

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El Baguazo y sus procesos

Antes de empezar a analizar las consecuencias del brutal desalojo de los manifestantes en la zona denominada “la curva del diablo” y sus consecuencias, partimos por declarar que condenamos todo acto de violencia que tenga como fin la lesión o puesta en peligro de la vida humana o su extinción por mano ajena. Estimamos que corresponde al Ministerio Público cumplir con su labor de persecución penal, lograr identificar plenamente a los presuntos autores y con pruebas indubitables llevar a juicio a los verdaderos responsables de las muertes y lesiones de los efectivos policiales.

¿Porqué protestaban los indígenas?
Durante el régimen del ex Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez se suscribieron varios decretos legislativos en atención a la delegación de facultades que le otorgó el Congreso de la República con la finalidad de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norte América.

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Exigen inmediata libertad de indígenas detenidos por caso “Baguazo”

ImageIdeeleradio (Jaén).- El párroco de Chiriaco, Fermín Rodríguez Campoamor, exigió la inmediata libertad de Asterio Pujupat Wachapea, Feliciano Cahuasa Rolin y Danny López Shawit, tres de los indígenas señalados por la Fiscalía como presuntos responsables de los sucesos de violencia del 5 de junio del 2009, conocido como Baguazo.

Fue al referirse a los casos de Feliciano Cahuasa y Danny López, quienes están implicados en el caso “Curva del Diablo y al de Asterio Pujupat, investigado por la muerte del mayor Felipe Bazán. Pujupat y López permanecen bajo arresto domiciliario en una “casa-cárcel”, mientras que Cahuasa está recluido en el penal de Huancas por más de tres años.

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