Sala Penal devuelve a Bagua caso ‘Curva del Diablo’

La Sala Penal Nacional tomó la decisión de devolver “en el día” el expediente conocido como “La Curva del diablo” a la Sala de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua para que continúe conociendo el proceso.

Esta decisión garantiza el derecho al acceso gratuito a la justicia para personas de escasos recursos económicos (como son los miembros de las comunidades indígenas) e invocamos a que la Sala Penal de Bagua una vez recibido el expediente, asuma el criterio esgrimido por la Sala Penal Nacional de Lima. En ese sentido, el IDL saluda la medida adoptada por el colegiado ‘C’.

Esta decisión fue tomada mediante la Resolución de fecha 15 de mayo del 2013, que señala que si bien las reglas de adscripción de competencia territorial están indicadas en el artículo 19° del Código de Procedimientos Penales, en donde se estipulan 4 criterios territoriales o fueros estas normas deben interpretarse en armonía  con las exigencias constitucionales derivadas de la garantía genérica del debido proceso.

En tal sentido señala que “… no son pertinentes las citas al nuevo texto del artículo 16° del Código de Procedimientos Penales, pues su aplicación está condicionada a la configuración de un sistema específico de competencia penal creada por una Resolución del órgano de gobierno judicial, lo que no se ha producido para casos como el presente…”.

Teniendo en cuenta el derecho al debido proceso y las connotaciones que reviste, como el acceso a la justicia en tiempo y modo oportuno, la Sala Penal Nacional considera que “… la emisión de la Resolución Nro. 257-2010-CE-PJ emitida por el órgano de Gobierno del Poder Judicial y el ¨fuero proferente¨, así como las características propias del presente proceso penal, llegamos a la convicción de que tales criterios en conjunto resultan ser los adecuados para determinar que la competencia del proceso recae en la Sala Penal de Apelaciones Liquidadora Transitoria de Bagua, quien ha sido la predeterminada para conocer del caso ‘Baguazo’, en razón del territorio y a la necesidad de facilitar el acceso al servicio de justicia a toda la ciudadanía, en especial de las personas alejadas y en situaciones de extrema pobreza (…) criterios que se superponen al inciso c) del artículo 1 de la Resolución Administrativa N° 194-2012-CE-PJ”.

Para el abogado del IDL, doctor Juan José Quispe, la Sala Penal de Bagua, una vez reasumida la tramitación del presente caso, al haber realizado la diligencia de control de la Acusación del Fiscal Superior el día 7 de marzo último, debe resolver si devuelve el expediente a la Fiscalía para corregir algunos aspectos del dictamen acusatorio y  posteriormente señalar fecha para el inicio del juicio oral, o en su defecto, emite una resolución de archivamiento del proceso por ausencia absoluta de caudal probatorio, aplicando una correcta y eficaz administración de justicia.

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