Recordemos

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El 4 de junio del 2009 se dio la tercera postergación del debate de derogación del Decreto 1090 en el Pleno del Congreso, al que el pueblo awajun se oponía y que motivó las masivas protestas en Bagua y Condorcanqui.

El 5 de junio se cumplen cuatro años del tristemente célebre “Baguazo” que remeció al país, y que dejó muy mal parado al gobierno aprista.

Hubo dos enfrentamientos. Uno en La Curva del Diablo donde murieron 33 personas, entre indígenas y policías. Otro en la Sub Estación 6 de Petro Perú, cerca a Imacita, donde murieron 11 policías.

El gobierno quiso limpiarse a como diera lugar. Formó una Comisión investigadora de los sucesos de Bagua, cuyos integrantes fueron: el dirigente awajun Jesús Manacés, la religiosa Mari Carmen Gómez Calleja, la doctora Pilar Mazzetti, la asesora presidencial Susana Pinilla, el consultor Manuel Bernales, el padre Ricardo Álvarez y el abogado Walter Gutiérrez, quien brilló por su ausencia.

Susana Pinillafue la representante del gobierno y tuvo la misión de ratificar la versión oficial, según la cual fueron los indígenas los que empezaron el enfrentamiento en la Curva del Diablo y que los policías solo se defendieron. Según el Gobierno, el mayor Bazán subió al cerro con un grupo de DINOES y fueron emboscados por un grupo de indígenas que les quitaron sus armas y los ejecutaron.

Renuncian a la Comisión el dirigente awajun Jesús Manacés y la religiosa Mari Carmen Gómez Calleja. Dan 43 razones para no firmar el Informe oficialista y elaboran un informe en minoría.

El Congreso parió cuatrillizos: Como era previsible la Comisión que se formó para investigar el Baguazo no se puso de acuerdo y se redactaron cuatro informes: El Informe en minoría del presidente de la Comisión investigadora, Güido Lombardi, el Informe en minoría de los apristas Humberto Falla y Wilder Calderón, el Informe en minoría del nacionalista Víctor Isla, y el que sorprendentemente quedó como Informe en Mayoría: nada menos que el presentado por la fujimorista Martha Moyano, que contó con el apoyo de los congresistas Juan Perry de alianza Nacional y Eduardo Espinoza de UPP, y que fue el único que se discutió en el Pleno, donde quedó como un saludo a la bandera y una formalidad.

Víctor Isla, actual presidente del Congreso, fue el más radical en sus posiciones y en las sanciones.

Isla estuvo trabajando con Lombardi, muy comprometidos ambos en la investigación, hasta que un punto los dividió: el de la responsabilidad penal de algunos miembros del Ejecutivo. Sí coincidieron en la precisión de las responsabilidades políticas del Ejecutivo por haber promulgado los decretos y de los Ministros por haberlos refrendado, de Mercedes Cabanillas por no haber ejercido la conducción política que le competía, Yehude Simon por no haber solucionado el reclamo de los indígenas, y Mercedes Aráoz por negligente e imprudente.

Pero Isla además atribuyó responsabilidades penales al presidente García, a la ex ministra Cabanillas, y a los generales Sánchez Farfán, Muguruza y Uribe por los delitos de homicidio culposo; y a la ex ministra Aráoz por el delito de falsedad genérica. Dio un paso más allá, jurídicamente discutible , pero en ese momento valiente.

Año 2013:
¿Qué ha hecho Víctor Isla, presidente del Congreso de la República, para que se cambie la situación que relata en sus conclusiones y para que se cumplan las recomendaciones de su propio Informe sobre los Sucesos de Bagua?

A continuación algunas observaciones escritas de puño y letra por Víctor Isla.

“Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a que haya lugar”

Período anual de sesiones 2009-2010. Segunda legislatura extraordinaria.

Punto VI.6 Inconstitucionalidad por omisión del Congreso frente al derecho a la consulta previa establecida en el Convenio 169 de la OIT, así como al mandato de legislación adecuada para la Amazonía establecido en el artículo 69 de la Constitución.

“El legislador también puede infringir la Constitución cuando deja de legislar asuntos o materias respecto de las cuales se encuentra obligado a hacerlo, es decir, cuando omite un mandato expreso o tácito del constituyente”.

“La Constitución se puede contravenir tanto por acción (aprobar una ley) como por omisión (no aprobar una ley que ésta obliga.)

“Nos encontramos frente a una falta de desarrollo o inactividad del legislador”.

“Existe una obligación implícita del legislador, toda vez que sin un desarrollo legislativo resulta debilitado el derecho a la consulta previa, siendo que el legislador tiene impuesto más bien el deber de promoverlo y garantizarlo”.

“La inactividad del legislador provoca una ineficacia práctica –que no jurídica- de una norma constitucional, en este caso, el derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 dela OIT (norma que tiene rango constitucional al regular derechos humanos) y la obligación de regular el territorio amazónico a través de una legislación adecuada, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución.

(Nota: Este gobierno, del cual el congresista Isla es digno representante, está boicoteando esa misma consulta previa que tanto pregonaba entonces).

Seguiremos difundiendo más observaciones y sugerencias del Informe presentado por el actual Presidente del Congreso.

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Un comentario en “Recordemos

  1. Recordarle al COMISIONADO Victor Isla, ahora presidente del Congreso, aquello que dijo en su informe en Minoría, es muy saludable. Con el poder que tiene en este momento, esperamos que haga lo posible, para que haya justicia para los inocentes de bagua.

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